El Gobierno prepara una fortísima subida de la tasa que pagan las centrales nucleares para financiar los costes milmillonarios de desmantelar todos los reactores, de construir siete cementerios nucleares y gestionar durante décadas todos los residuos radiactivos. El plan del Ministerio para la Transición Ecológica pasa por elevar la tasa que pagan las grandes eléctricas casi un 40% para cubrir los sobrecostes de 2.000 millones de euros del nuevo plan gubernamental de residuos nucleares, y eso después de aplicar en 2019 otra subida de casi el 20%.
Las energéticas propietarias de las centrales nucleares –Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP– ya venían quejándose desde hace años de la enorme carga fiscal que soportan y ahora se lanzan a dar la batalla -también en los tribunales- para conseguir una reforma integral de los impuestos que asumen los reactores para evitar el ‘tasazo’ que prepara el Ejecutivo y para mejorar la rentabilidad del sector nuclear y garantizar su viabilidad al menos mientras sean necesarias las centrales.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha activado el proceso para aprobar una subida de la prestación patrimonial que pagan las compañías eléctricas hasta los 11,14 euros por cada megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las centrales nucleares a partir del próximo julio, un 39,5% por encima de los 7,98 euros por MWh que se aplican actualmente.
Las centrales nucleares pagan a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) una prestación patrimonial no tributaria -que es la denominación correcta de este gravamen- en función de la electricidad que produce cada una de ellas. En total, dependiendo el volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Endesa e Iberdrola, principalmente, y con participaciones residuales también Naturgy y EDP) están abonando en torno a 450 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente cuenta con unos 7.400 millones acumulados. La subida propuesta ahora por el Gobierno disparará los pagos que realizan cada año las centrales nucleares sólo por esta tasa hasta cerca de los 630 millones de euros, 180 millones más que los abonos actuales.
Más de 1.500 M en impuestos
“Esta decisión añadiría más presión fiscal a la ya soportada por las centrales nucleares en nuestro país. El total de impuestos y tasas ascienden ya a los 25 euros por megavatio hora (MWh), que equivalen a entre un 35% y un 40$ de la facturación anual de las centrales y que, con el aumento de la tasa, supondría hasta un 50%”, sostiene la consultora PWC en un informe sobre el sector nuclear y cuyas cifras están utilizando las grandes energéticas para criticar la fiscalidad de la industria nuclear. “La implementación de la nueva norma elevaría de este modo la carga fiscal hasta los 28 euros por MWh, es decir, supondría 1.566 millones de euros de impuestos anuales a las centrales nucleares, una cifra que plantea grades desafíos para la rentabilidad y comptitividad del sector y encarecería esta energía para los consumidores finales”.
Foro Nuclear, la patronal del sector en la que se integran Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, ha presentado sendos recursos ante el Tribunal Supremo -a los que se han adherido individualmente las propias compañías eléctricas- contra el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Gobierno, que contempla la construcción de siete almacenes nucleares de desechos radiactivos -uno en cada central-, y contra la decisión del Ejecutivo de dar carpetazo definitivo al proyecto de tener un único almacén en Villar de Cañas (Cuenca).
Las compañías eléctricas consideran que el nuevo plan de residuos y el fin del proyecto de un solo almacén nuclear son las causas que mueven al Gobierno a proponer una subida de la tasa del 40%, y se niegan a asumir los sobrecostes milmillonarios de unas decisiones que se deben a la falta de consenso político e institucional sobre dónde ubicar un único almacén temporal y que no son imputables a las empresas.
Reforma fiscal total
Las grandes eléctricas meten presión para conseguir una reforma total de los impuestos que pagan las centrales nucleares con el objetivo de evitar la fortísima subida de la ‘tasa Enresa’ que promueve el Ejecutivo. Y esa promete ser la gran batalla que van a dar las nucleares a partir de ahora para conseguir rebajar sus cargas fiscales y blindar la rentabilidad de su negocio.
Foro Nuclear reclama destinar la recaudación millonaria del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos no vaya a las arcas públicas generales, sino que se destinen a alimentar el fondo de Enresa con el que se pagará el desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos nucleares. Y también pide que la propia Enresa deje de pagar un impuesto especial por sus almacenes nucleares, que luego acaba repercutiendo a las centrales.
En Gobierno de Mariano Rajoy creó ambos impuestos en 2012. Desde entonces, las centrales nucleares han pagado 3.100 millones de euros por el tributo por el combustible nuclear y los residuos y les quedarían por pagar otros 1.900 millones hasta el apagón nuclear total previsto en España para 2035 con el cierre de la última de las centrales. Y Enresa ha abonado 148 millones por el almacenamiento de los residuos y le quedaría por pagar según vaya aumentando el volumen de deshechos almacenos otros 1.277 millones más, que volverán a ser financiados por las centrales a través de la ‘tasa Enresa’. Las nucleares sostienen que si se utilizan estos ingresos para financiar el PGRR no sería necesaria la subida del 40% de la tasa que prepara el Ejecutivo.
“El incremento de la tasa de Enresa (…) no parece razonable si se tiene en cuenta que las centrales nucleares ya están pagando dentro de la Ley 15/2012 [con la que se crearon estos impuestos] unos 5 euros por MWh precisamente para cubrir los desvíos en costes producidos por estos conceptos” y “eximir también a Enresa [de pagar su impuesto] reduciría la tasa en 2 euros por MWh a las centrales”, sostiene PWC en el informe que se ha distribuido en los últimos días y que está alineado con las tesis de las compañías nucleares.
“Actualmente, esta ley en dicho concepto ha recaudado ya más de 3.000 millones de euros, importe suficiente para cubrir el sobrecoste de los 2.000 millones de euros establecidos en el séptico PGRR (…) Mirando al futuro, si se destina una parte de la recaudación futura del impuesto de la Ley 15/2012 a Enresa, no habría que hacer incrementos de la tasa Enresa. Del mismo modo, si la recaudación sobrante del impuesto de esta misma ley se guardase en un fondo, se cubrirían posibles desajustes futuros que Enresa pueda tener en el futuro”, se reclama en el estudio.
Continuidad, sólo con rentabilidad
Foro Nuclear recuerda que las centrales nucleares españolas están sometidas “a una carga fiscal excesiva, discriminatoria e incluso en algunos casos redundante, que penaliza el funcionamiento y la gestión de las mismas”. Y por eso, “cualquier incremento adicional de impuestos y tasas comprometería su viabilidad económica en un momento en el que las centrales nucleares resultan esenciales en la transición energética por la garantía de suministro que ofrecen y la no emisión de CO2 teniendo en cuenta, además, los retrasos en los desarrollos eólicos y los proyectos de bombeo como almacenamiento”.
Las grandes eléctricas pactaron en 2019 con el Gobierno y con Enresa un calendario de cierres escalonados de todas las centrales nucleares. El protocolo suscrito entonces por Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP contempla iniciar las clausuras en 2027 e ir cerrando reactores de manera progresiva hasta el apagón nuclear total en 2035. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se mantiene firme en su posición de no alargar más la vida operativa de los reactores y no pretende modificar el calendario pactado.
Las compañías energéticas se muestran favorables de alargar la vida de los reactores mucho más de lo previsto, confirmando que es técnicamente posible y viable desde el punto de vista de seguridad, pero ponen como condición para seguir funcionando que se les garantice una rentabilidad razonable de su actividad. Además de la reclamación de una rebaja de impuestos y evitar nuevas subidas, se exigen garantías de viabilidad como tienen parte de las renovables o la cogeneración, que participan de un mecanismo que asegura una retribución que cubre sus costes y una rentabilidad mínima prefijada.
Foro Nuclear no se ha mojado abiertamente de momento y no ha hecho pública una propuesta concreta sobre qué fórmula utilizar para garantizar esa rentabilidad razonable, pero entre las que se mencionan en círculos del sector nucleares aparecen como opciones factibles la aplicación de contratos a largo plazo con el propio sistema eléctrico que marquen precios estables (que hace que el sistema compense a las eléctricas si el precio del mercado es menor al pactado y que las nucleares devuelvan el excedente si la cotización está por encima) o mediante un mecanismo de pagos por capacidad, que implicaría que se compensa a las centrales con una retribución específica por estar siempre disponibles y dar estabilidad a la producción eléctrica.
