El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a los integrantes de la trama de corrupción en la compra de mascarillas desarticulada en el denominado caso Koldo por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, y tráfico de influencias, a los que se unen la tenencia ilícita de armas y el delito contra Hacienda en relación con algunos de los implicados. Ninguna de estas conductas son atribuidas a José Luis Ábalos, si bien las menciones que el sumario hace tanto al propio exministro como a los organismos de los que era responsable han motivado su salida del grupo parlamentario del PSOE y apuntan a la posibilidad de que deba acabar explicándose ante la justicia.
Entre los posibles indicios contra Ábalos estaría, en primer lugar, el propio procedimiento de adjudicación de los contratos, ya que los investigadores de la Unión Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) apuntan a Puertos del Estado como el canal de acceso que permitió al grupo acceder a un negocio de más de 53 millones de euros, aprovechando la laxa normativa en materia de contratos a la que obligó la pandemia de covid.
En este punto, el personaje clave para que la empresa sita en Zaragoza Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., con apenas actividad antes de 2020, accediera a los contratos fue Koldo García, que fue asesor y hombre de confianza del entonces secretario de Organización del PSOE. De ser escolta del ministro había pasado a ser consejero en Renfe y vocal del Consejo Rector de Puertos.
Según la querella presentada por el fiscal Anticorrupción Luis Pastor, el primero de estos contratos -por más de 20 millones de euros- se logró mediante un “concierto previo” entre los empresarios y los responsables públicos, ya que se da la circunstancia de que la orden para la adquisición del material sanitario por parte de ministro se firmó tan sólo un día antes de la adjudicación. A partir de aquí llegaron los contratos con Adif, el Ministerio del Interior, el Servicio Canario de Salud y el Gobierno balear, aprovechando la “línea de compra y abastecimiento” abierta en Transportes.
Menciones a Ábalos
En cuanto a las menciones directas al ministro en el sumario de la Audiencia Nacional, la más relevante se refiere a encuentro registrado por la Guardia Civil el pasado 10 de enero entre Ábalos y su exescolta en una marisquería madrileña, La Chalana, en la que Koldo García mantenía habitualmente encuentros con otros miembros de la trama.
Para el juez, la cita tiene un “especial interés para los hechos investigados” habida cuenta de la conversación telefónica mantenida el día anterior entre el verdadero dueño de Soluciones de Gestión, Juan Carlos Cueto y el propio Koldo, en la que el primero “le pedía que antes de que se fuese de viaje a Perú el día 11 de enero de 2024, le dijese algo a un tercero”. El exasesor ministerial comenta al empresario que una de las cosas que iba a tratar con una de las personas con la que se iba a reunir al día siguiente –cuando tiene la cita con el exministro de Transportes– era la reclamación de 2,6 millones de euros por parte del Gobierno de Baleares por la entrega de mascarillas que resultaron defectuosas.
En expediente preocupaba enormemente los miembros de la trama tanto por la cuantía de la reclamación como por la posibilidad de que delatara las irregulares en el negocio por el que cobraron cuantiosas comisiones. Solo los contratos procedentes del Ministerio de Transporste generaron un beneficio económico al también implicado y presidente del Zamora, Víctor Gonzalo de Aldama, de 5,5 millones de euros y al titular de hecho de Soluciones de Gestión, que es Cueto, de otros 9,6 millones. A esas cantidades hay que sumar 1,5 millones del incremento patrimonial obtenido por Koldo García Izaguirre y su familia, según la investigación.
El vecino de Koldo
Ábalos vuelve a ser mencionado en una de las conversaciones intervenidas por los investigadores, en la que Cueto explica el problema balear a otro de los empresarios implicados : “…esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo)… él y su ex jefe” (en alusión al exministro, según la investigación). La charla tuvo lugar el pasado 4 de diciembre, y en ella Cueto añade que “parece ser que el otro ha dicho que sí…porque le han dado un favor a cambio”.
Los investigadores enmarcan en el interés de la trama en resolver el problema balear otra conversación del pasado mes de noviembre entre Koldo y el actual secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares , “Alvarito”. El primero asegura seguir trabajando para el que fuera su ex jefe pese a haber transcurrido dos años y tres meses desde la salida de ambos del Ministerio. En la citada llamada, intervenida por la Guardia civil el pasado 7 de noviembre, Koldo llega a afirmar que lleva este tiempo “con su jefe sin cobrar nada por fidelidad y principios”.
En otro diálogo entre Koldo y el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez -también imputado- comentan que le han entregado al considerado cabecilla Juan Carlos Cueto, “la llave de José Luis Ábalos”.
Las alusiones al ministro aparecen en otra parte del sumario en relación con los problemas con Hacienda de De Aldama, a quien el fisco había citado el pasado mes de octubre. Desde el entorno de Juan Carlos Cueto se afea que otro de los empresarios vinculados a este grupo, Israel Pilar, no quiera firmar una carta que se le había solicitado para justificar los servicios prestados por MTM 180 Capitas SL y Deluxe Fortune SL., controladas por De Aldama, ante Hacienda.
La empleada del directivo del Zamora CF Pilar Losada comentó con Cueto al respecto que van a entregar a Hacienda multitud de conversaciones en los que se evidencian tales servicios y añade: “Hasta en el WhatsApp de Víctor hay fotos de Israel Pilar que no se pueden enseñar…con el ministro”. “Que Isra no le toque las pelotas porque tiene fotos de él con el súper jefe (…) que ya sabe quién es (ininteligible) súper jefe en esta historia“, señala en otra conversación sobre el mismo asunto registrada unos días después.
Aforamiento e indicios
Si el juez Moreno encuentra que estos indicios -y los que puedan sumarse en la instrucción del caso- son suficientes para proceder contra el que fuera secretario de Organización del PSOE, deberá incluirlos en una exposición razonada, que es como se llama el documento por el que los jueces ordinarios remiten un asunto al Tribunal Supremo y cesan de investigar al aforado en cuestión.
Una vez el asunto en el Supremo, para proceder formalmente contra Ábalos debe contarse con permiso del Congreso de los Diputados. Es lo que se denomina suplicatorio, que debe ser aprobado por la Cámara. Antes de ello la ley faculta al alto tribunal para citar al investigado antes de que pueda obtenerse dicho permiso, por si le interesa declarar “de forma voluntaria”. Se trata de una prerrogativa que vienen cumpliendo muchos de los que han implicados en tramas de corrupción alegando que prefieren adelantar sus explicaciones cuanto antes.
